MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC5923-2017
Radicación nº 11001-02-03-000-2014-02698-00
(Aprobado en sesión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)
Bogotá D. C., dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte la solicitud de exequátur presentada por la señora CLAUDIA MILENA BETANCOURT CASTRO, respecto de la sentencia de divorcio proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil siete (2007), por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Guadalajara, España.
1. La actora, a través de apoderada judicial designada para el efecto, solicitó homologar la providencia referida precedentemente, proveído mediante el cual, en la ciudad de Guadalajara, España, se declaró disuelto el matrimonio civil que había contraído con el señor DIDIER PUENTES VARGAS, de nacionalidad Colombiana.
2. Como soporte de la petición formulada, se expusieron los siguientes hechos:
a). CLAUDIA MILENA BETANCOURT CASTRO y DIDIER PUENTES VARGAS, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio civil el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), unión de la cual no se procrearon hijos.
b). Los cónyuges, de mutuo acuerdo, ante la autoridad judicial correspondiente en la República de España, radicaron la pretensión de divorcio y el veintitrés (23) de octubre de dos mil siete (2007), el funcionario encargado aceptó disolver ese vínculo civil.
c). Junto con la solicitud se allegaron documentos como, el registro civil de matrimonio de la pareja, poder para actuar y, ejemplar auténtico de la sentencia que se pretende homologar.
II. EL TRÁMITE OBSERVADO
1. Cumplidas las exigencias formales, la demanda fue admitida por auto de veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015) (folio 16), y, en dicha providencia, se ordenó correr traslado al Ministerio Público, por el término de cinco (5) días, acorde con el numeral 3° del artículo 695 del C. de P.C.
2. La Procuraduría, a través de su respectivo agente, manifestó oponerse a las pretensiones, en cuanto no se satisfagan todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 694 del C. de P.C; toda vez que «en los anexos a la demanda de Exequatur no se vislumbra que la constancia de ejecutoria esté debidamente legalizada».
3. Por auto de veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), se decretaron las pruebas solicitadas por la parte actora (folio 12), ordenando tener como tales los documentos acompañados con la demanda a que alude el respectivo acápite; el agente del Ministerio Público se unió a la anterior solicitud.
3.1 Se dispuso, además, librar comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara si entre esta Nación y España existe tratado vigente sobre el reconocimiento recíproco de sentencias pronunciadas por autoridades judiciales de ambos países en causas matrimoniales y, en caso afirmativo, remitir copia auténtica del mismo con la respectiva constancia de vigencia.
4. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Cartera Ministerial informó, mediante oficio visible en folio 37, lo relacionado con la existencia de la reciprocidad diplomática entre ambos países sobre el tema indagado. Al respecto, se aportó copia del “Convenio sobre la Ejecución de Sentencias Civiles” suscrito entre Colombia y España el 30 de mayo de 1908, en Madrid (fl. 36).
5. Vencido el término probatorio, se concedió a los sujetos procesales un término común de cinco días (art. 695.6 C. de P. C.), con el fin de que presentaran sus alegaciones finales (folio 39), periodo que culminó en silencio.
6. Mediante auto de nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), observa la suscrita Magistrada que la parte actora omitió allegar la prueba de la ejecutoria de la providencia que se pretende homologar, y la cual debe cumplir con lo contemplado en el artículo 2° del Convenio de 30 de mayo de 1908. Por lo tanto se requiere a la promotora para que arrime la atestación correspondiente.
7. En folio 62 aparece certificación expedida por el Ministerio de Justicia de España, aportada por la apoderada de la demandante, con la cual se evidencia la firmeza de la decisión que se pretende homologar.
III. CONSIDERACIONES
1. La resolución de los conflictos es un asunto que, por principio, atañe a la administración de justicia y, por tanto, solo pueden cumplir ese encargo quienes estén autorizados expresamente por la ley para tales propósitos. Lo anterior, en la medida en que aspectos como el orden público resultan involucrados, particularmente, la soberanía Nacional. Esa premisa pone de relieve que en territorio patrio, solo las sentencias y/o determinaciones equivalentes, emitidas por jueces o funcionarios nacionales, tienen efectos en Colombia.
Esa directriz no es absoluta, pues debido a los principios de cooperación y reciprocidad internacional, han llevado alterar esa regla y, hoy por hoy, es posible que un fallo adoptado por un juez foráneo genere consecuencias dentro de nuestras fronteras.
2. Empero, por claro mandato legal, esta última posibilidad está supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtención del exequátur. Dentro de este trámite, a su vez, debe acreditarse que en el país de donde proviene la decisión objeto de homologación se brinda a las providencias de los juzgadores patrios un tratamiento similar, es decir, que allí, también, pueden ser cumplidas las sentencias proferidas por los agentes del estado facultados para ello.
Ese mandato está regulado expresamente en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
Las Sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia.
La Corte se ha ocupado de esta exigencia y, de manera reiterada y constante, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a decisiones foráneas:
(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia…” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).
Lo anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los países involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros términos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el punto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplomática, la legislativa resulta innecesaria.
3. Al descender al estudio del asunto objeto de petición, se observa que en folio 37 del expediente se encuentra certificación proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, relativa a la existencia de un tratado celebrado el 30 de mayo de 1908, entre España y Colombia, referente a la ejecución recíproca de sentencias, a través del cual ambos Estados concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes, serian ejecutadas en uno y otro país.
4. Dicho convenio supra fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la ley 7 de doce (12) de agosto de mil novecientos ocho (1908). Los únicos condicionamientos establecidos en el mencionado acuerdo se concentraron en que los fallos objeto de cumplimiento: “1. Sean definitivos y que estén ejecutoriados como en derecho se necesitaría para ejecutarlos en el país en que se haya dictado; 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.
Por consiguiente, habiendo tratado vigente entre las dos naciones se encuentra debidamente acreditada la reciprocidad diplomática, lo que excluye cualquier ensayo tendiente a demostrar la legislativa, como así fue advertido en precedencia. Debe agregarse, eso sí, que las dos condiciones establecidas en el pacto referido, fueron acatadas a cabalidad, pues en el sumario está la constancia de que la decisión foránea se encuentra ejecutoriada (fl. 62), en los siguientes términos: «la Sentencia n° 165/2007 dictada en el procedimiento Divorcio de Mutuo Acuerdo 781/2007, tramitada por ese Juzgado a instancia de D. Didier Puentes Vargas y Dra. Claudia Milena Betancourt Castro es firme»; y, por la naturaleza del asunto resuelto en España, concerniente con el divorcio de mutuo acuerdo de matrimonio civil, puede afirmarse que no se opone a la regulación colombiana.
5. Constatados esos requisitos procede, la verificación de las restantes exigencias previstas en el artículo 694 de la Legislación Procesal Civil, teniendo en cuenta:
5.1. Que se aportó al expediente copia de la sentencia extranjera debidamente autenticada cumpliendo satisfactoriamente con lo estipulado en los cánones 259 y 188 del C. de P.C.
5.2. Que la controversia resulta no ser de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que así lo señale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se tramite por la misma causa en nuestro país.
5.3. Que la decisión no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio.
6. Alusivo al orden público, otra de las condiciones necesarias para la viabilidad de la homologación reclamada, cumple decir, de manera especial, que la providencia foránea, como quedo reseñado atañe a un divorcio de matrimonio civil de común acuerdo, cuyo análisis conduce a afirmar que no violenta aquellas prerrogativas; contrariamente, el ordenamiento fue acatado íntegramente.
En efecto, el mutuo acuerdo (causal invocada), expresado por los consortes para la disolución del vínculo, es una causal que, igualmente, el sistema patrio la contempla como determinante del divorcio (numeral 9 del artículo 6 de la ley 25 de 1992); las partes, siendo mayores de edad expresaron su voluntad para desvincularse del matrimonio vigente y, el trámite observado, no vulneró derecho alguno de los consortes.
7. En ese orden, surge evidente que la homologación pretendida del fallo extranjero resulta viable y conducente, habida cuenta que, como quedó visto, los requisitos establecidos en la normatividad procesal (arts. 693 y ss), fueron cumplidos cabalmente por la interesada.
8. En conclusión, la validación será autorizada, ordenándose la inscripción de esta decisión, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro del estado civil.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
RESUELVE:
Primero: Conceder el exequátur conforme a lo expresado en la parte motiva, solicitado por la señora CLAUDIA MILENA BETANCOURT CASTRO, respecto de la sentencia de divorcio proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil siete (2007), por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Guadalajara, España.
Segundo: Para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el registro civil de matrimonio y nacimiento de los cónyuges. Por Secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.
Tercero: Sin costas en la actuación.
Notifíquese
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA